A buen entendedor, pocas palabras, dice el refrán. El gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, parecen haber seguido ese dicho para referirse ayer a las polémicas revelaciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Gandur. En una entrevista publicada ayer por LA GACETA, el titular del máximo tribunal reveló que había recibido el jueves pasado en su casa a Manzur y a Jaldo, y admitió que ellos le hicieron consultas sobre una de las causas judiciales en trámite por los gastos sociales de la Legislatura en 2015.
“El doctor Gandur ya hizo todos los comentarios; no tengo nada más que agregar”, afirmó ayer el gobernador, ante una pregunta de este diario, mientras recorría la Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (Proimi).
El vicegobernador, al ser consultado por la visita a Gandur, aseguró: “nunca voy adonde no me invitan, y nunca entro a un domicilio al que no me invitan a pasar; por lo tanto, no soy yo quien debe hacer declaraciones”.
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Gandur admitió que había recibido en su casa particular a las demás autoridades provinciales. “No podía negarme a atenderlos. Me parecía de mala educación”, manifestó. Consignó luego que, junto a Manzur y a Jaldo, estaban Daniel Leiva, fiscal de Estado, y el abogado Nicanor Rodríguez del Busto.
El titular de la Corte detalló que el motivo de consulta fue la demanda del legislador Eudoro Aráoz (UCR), quien alega el derecho al acceso a la información pública para exigir documentación referida a los gastos sociales ejecutados en 2015 por la Legislatura. Ese año, en el que hubo comicios provinciales y nacionales, comenzó con Manzur como vicegobernador y terminó con Jaldo en ese cargo. En ese período, fueron ejecutados $ 615,6 millones en supuestos gastos sociales (el 40% del presupuesto global del parlamento).
“Al momento de la visita (de Manzur, Jaldo, Leiva y Rodríguez del Busto -cónyuge de Belén Japaze, relatora de Gandur-), ya había firmado las decisiones de su interés”, indicó el titular de la Corte Suprema de Justicia. Y añadió: “el tema estaba definido. En los casi 25 años que llevo en la Justicia nunca tuve relaciones extraprotocolares con autoridades políticas. Es la primera vez que me sucede que prefieren verme en mi casa y no en mi despacho”.
El legislador Aráoz lanzó duras críticas por el encuentro extraoficial entre las autoridades del PE, de la Legislatura y de la Justicia. “Esa reunión es la muestra palpable de la falta de calidad institucional que sufrimos en Tucumán”, aseveró el ex titular del Colegio de Abogados. Rescató la “calidad y el valor de muchos jueces” provinciales. Pero se mostró contrariado por la noticia. “Esto es una muestra escatológica de la situación que vive la provincia. Fue un acto obsceno, de prepotencia política, pretender la modificación (de una decisión) o ir a hablar para que se dicte una resolución conforme a los intereses del Ejecutivo y del Legislativo”, aseveró Aráoz. Y advirtió: “el gobernador, el vicegobernador y el fiscal de Estado, en lugar de esconderse detrás de los pantalones de Gandur, deberían decir cómo utilizaron tantos millones en gastos sociales, quién se lo llevó, y si alguien se enriqueció. Eso es lo que quiere la ciudadanía de Tucumán, conocer dónde fue a parar esa fortuna, que podría haberse utilizado para mejorar la seguridad, la atención en salud o para la lucha contra las adicciones”, sostuvo el radical. Y agregó: “se privilegia el bienestar de un sector de la política a cambio del dolor de muchos tucumanos”.
Como actor en la demanda que tramita la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Aráoz sostuvo que tomará medidas respecto a la reunión entre Gandur, Manzur y Jaldo. “Estamos preparando con mis asesores un planteo por la actuación del fiscal de Estado Leiva en el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. Su actuación es contraria a la ética profesional”, expresó Aráoz, puesto que el funcionario es el representante legal de la Provincia.
Estas últimas semanas se vivieron momentos de tensión política en la sede legislativa de calle Muñecas 951. En el marco de diversas investigaciones judiciales por el uso de los gastos sociales, el manzurista Reneé Ramírez admitió que manejaba $ 150.000 al mes para ayudas sociales a personas. Luego, monseñor José María Rossi calificó como “perverso” el mecanismo de subsidios que otorga el Poder Legislativo. El lunes, en una entrevista con LA GACETA, el vicegobernador Jaldo anunció la eliminación de la partida para gastos sociales. Advirtió que el cuerpo colegiado continuará prestando colaboración “con organizaciones de bien público”. “Tomamos esta decisión porque habíamos dicho, al hacernos cargo (del Poder Legislativo), que la íbamos a tomar. Simplemente, como es un cuerpo colegiado, hay que tomar las decisiones por consenso. Nos llevó seis o siete meses de debate; no es un tema menor, (es un régimen) que viene hace 23 años. Muchos, por diferentes motivos, no lo trataron, no lo analizaron ni tomaron decisiones. Esta Cámara no sólo lo abordó y lo trató, sino que también anuncia esta decisión”, afirmó.